Río de Janeiro, Bra., 28 de febrero.- El Ministro de Seguridad Pública de Brasil, Raúl Jungmann, informó hoy que al menos un millón de habitantes de Río de Janeiro viven bajo un “régimen de excepción”, en áreas controladas por narcotraficantes.

Jungmann explicó que cerca de 830 favelas de Río de Janeiro son controladas o por narcotraficantes o por paramilitares, es decir que entre un millón y 1.1 millones de cariocas viven un régimen de excepción en áreas en las que no son garantizados los mínimos servicios, “en la que los niños no pueden terminar su año lectivo o en la que los religiosos no pueden celebrar ceremonias… todo por causa de la violencia”, afirmó Jungmann.

Ayer asumió el cargo de primer titular del recién creado Ministerio de Seguridad Pública, apenas el lunes era titular del Ministerio de Defensa.

En su primera rueda de prensa, el ministro comentó que, además de una grave crisis económica, social y moral, Río de Janeiro enfrenta una profunda crisis política porque parte del Estado fue tomado por organizaciones criminales.

Con ello, justicia la intervención en la Seguridad de Río de Janeiro, una medida inédita desde la promulgación de la Constitución de 1988, que fue decretada por el presidente Michel Temer el 16 de febrero y refrendada después por la Cámara de Diputados y el Senado.

La decisión del gobierno cede a los militares el control de la Seguridad en el estado de Río hasta finales de 2018 tras la ola de violencia que el año pasado causó 6.731 muertes, entre las que se cuentan las de más de 100 policías y 10 niños alcanzados por “balas perdidas”.

La medida, sin embargo, es criticada por movimientos sociales y sectores de la oposición, que la consideran una “cortina de humo” que en ningún caso servirá para resolver la crisis de seguridad y que tiene motivaciones electorales.

Jungmann afirmó que Brasil necesita adoptar de inmediato medidas urgentes para detener la criminalidad para evitar que el problema se agrave.

Por su parte, el general del Ejército, Walter Braga Netto, recién nombrado interventor de la seguridad de Río de Janeiro, dijo en una breve comparecencia ante los medios que dicho lugar “es ahora un laboratorio para todo Brasil”.