Estimados lectores les quiero compartir por este medio la criminología y la política criminal. La Política Criminal es aquel aspecto de la política del Estado, debidamente articulada con la sociedad, dirigida a prevenir, controlar y gestionar los conflictos que tienen relevancia penal. En esa medida, comprende el conjunto de decisiones que regulan la coerción penal, esto es la reacción estatal frente a los hechos punibles, pero también otras acciones que se relaciona con el campo previo al delito.
Hablar sobre política criminal implica un acercamiento a una disciplina que se vincula con una serie de ciencias, nutridas todas de varios saberes (Sociología, Ciencia Política, Derecho). Se trata de la política jurídica en el ámbito de la justicia criminal. Como en muchos otros países de nuestra región, la política criminal no ha estado recogida en un documento contentivo de sus líneas generales, que permita conocer sus premisas, sus objetivos y las acciones principales; pero ha existido en la realidad, en acciones concretas, y se ha caracterizado por el autoritarismo, la arbitrariedad y un ejercicio desproporcionado de la violencia. Además la Política Criminal tradicionalmente se ha concentrado fundamentalmente en la represión y es muy poca la atención que se le ha brindado a la cuestión de la prevención, con lo cual no se han encarado adecuadamente los factores desencadenantes de muchas actividades delictivas que con efectivas políticas de prevención bien pudieran desactivarse.
José Díaz de León Cruz, en su trabajo Reflexiones sobre la política criminal en México, señala: “ La delincuencia en nuestro país, entendida en un sentido amplio como cualquier tipo de manifestación criminal observable en una colectividad humana, constituye un fenómeno social de grave entidad, dado que incide directamente en el bienestar y seguridad social de todos los habitantes de nuestro país, al atentar de manera directa contra una serie de valores humanos considerados como de mayor envergadura, tales como la vida, la libertad, la salud colectiva, la propiedad, entre muchos otros; de ahí que resulte válido afirmar que la delincuencia in genere es una amenaza para todo Estado de derecho y para la estabilidad político-social de cualquier nación”. Asimismo, Díaz de León señala que el Ius poenale (lo justo). ha jugado un importantísimo papel como herramienta de control social, cuya legitimación subyace en el hecho de que las leyes penales son necesarias para el mantenimiento de la forma de la sociedad y del Estado.
Este autor establece así un concepto de política criminal más utilitario, entendida como una “sistematización sociopolítica y jurídica de las prioridades, actividades y medios dirigidos al control y eventual erradicación de los fenómenos delincuenciales suscitados en un territorio determinado“. Así, todas las acciones que enmarcan a la política criminológica son previstas como medios dirigidos al control y eliminación de la delincuencia o, siendo realistas, a disminuir hasta un límite tolerable las acciones delictivas en una sociedad cada día más abatida por el fenómeno criminal. El Estado, como expresión de la sociedad organizada, está facultado para reprimir la criminalidad por medio de los instrumentos de control social como legislación penal sustantiva y procesal, policía preventiva, órganos de procuración de justicia penal, tribunales e instituciones de readaptación social que constituyen la legítima reacción de la sociedad, dirigida a la reprobación y condena del comportamiento desviado de los individuos y a la reafirmación de los valores y de las normas sociales.
La política criminal o criminológica debe estar guiada o delimitada por algunos principios que garantizarán que no se encuentren acciones que, si bien impacten a la delincuencia, puedan a su vez dañar los más elementales derechos de los ciudadanos. Por último, la Política Criminal ha sido vista entre nosotros como una cuestión privativa del Ministerio Público, la policía y demás agencias ejecutivas que cumplen funciones policiales y aun las que cumplen funciones de la denominada “seguridad del Estado”. En consecuencia es muy limitada la participación que han tenido las demás agencias gubernamentales en lo concerniente a la Política Criminal, con lo cual se ha desaprovechado la oportunidad de contar con una política articulada del Estado a los fines de gestionar adecuadamente la conflictividad penalmente relevante.

PSTE. De Lic. En Criminología y Criminalista
Hugo Enrique Barrientos Grajales.
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