CDMX. 08 de octubre del 2019.-La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Austeridad, la cual establece una restricción de 10 años para que ex funcionarios trabajen en el sector privado.

Con el voto en contra del PAN, PRI, y PRD, el pleno de la Cámara de Diputados avaló la Ley Federal de Austeridad Republicana, que solicitó el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual prohíbe a los funcionarios públicos de alto nivel trabajar en la iniciativa privada en los siguientes 10 años después de dejar su cargo para evitar conflictos de interés.

La minuta, aprobada en lo general y que presentó seis reservas, fue criticada por legisladores del PRI y del PAN, quienes acusaron errores en el procedimiento, pues se hizo una “adenda” o “modificación” en el artículo 13; sin embargo, los legisladores de oposición acusaron que eso era imposible pues el Senado no había modificado ese precepto.

Sin embargo, la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas explicó que “originalmente, el dictamen que salió de esta Cámara, en el artículo 13 decía la palabra duplicidad. El Senado de la República hace la modificación de este artículo 13 para corregir la palabra duplicidad y la intercambia por duplicadas. Entonces, sí se hizo la modificación en la minuta. Regresa y la comisión vuelve a poner en el dictamen la palabra duplicidad”.

Los diputados aceptaron las modificaciones hechas por los senadores, y el artículo 24 precisa que los servidores públicos que ocupen un puesto superior jerárquico y que tengan información privilegiada no puedan trabajar en la iniciativa privada por lo menos en 10 años, una vez que dejen el cargo para evitar conflictos de intereses y corrupción.

Uno de los artículos polémicos de esta ley está en el 61 pues la oposición acusó que el titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, tendrá “una partida secreta”, pues los ahorros de este ordenamiento se destinarán a los programas sociales o a donde determine el titular del Ejecutivo Federal.

“Los ahorros generados como resultado de la aplicación de dichas medidas deberán destinarse, en los términos de las disposiciones generales aplicables, a los programas del ejecutor del gasto que los genere. Por cuanto hace al Poder Ejecutivo, dichos ahorros se destinarán a los programas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo o al destino que por decreto determine el titular”, define el artículo 61 de este ordenamiento.