“Más vale prevenir que lamentar”. El dicho popular viene a cuento al considerar la reciente decisión presidencial de nacionalizar ese mineral, conductor excelente del calor y de la electricidad y que será muy demandado en el futuro por los fabricantes de baterías: el litio.

Nacionalizar un mineral potencialmente estratégico para México, sobre el que aún no hay certeza de su cuantía ni de cómo separarlo de las arcillas que lo contienen, es una buena decisión para evitar un error como el de 1909, cuando México renunció su derecho de propiedad original sobre los yacimientos petroleros. Y es que poco después, cuando quiso recuperar el derecho perdido, ya era tarde y el resultado fue un largo conflicto de más de 20 años entre los gobiernos de México y las empresas petroleras extranjeras y sus gobiernos, pues estos últimos simplemente se negaron a renunciar a sus “derechos adquiridos”. Examinar este tortuoso arranque de la industria petrolera en nuestro país permite apreciar el significado de la temprana nacionalización del litio.

Dos empresas extranjeras, la Huasteca Petroleum Company (norteamericana y fundada en 1907) y la Compañía Mexicana de Petróleo “El Águila” (inglesa, fundada en 1908), marcaron la primera etapa de la historia petrolera mexicana e influyeron decisivamente en la elaboración del marco jurídico en que iban a operar y que muy pronto se tornó conflictivo en extremo.

Al despuntar el siglo pasado, el motor de la incipiente modernización económica mexicana era la red ferrocarrilera y se supuso que explotar el petróleo ayudaría a alimentarla e impulsar la economía nacional. Pero no fue así, pues al final el grueso del petróleo lo consumieron mercados extranjeros con poca utilidad para México.

En el origen, el gobierno de México vio sin gran preocupación que empresas extranjeras de dos países en competencia empezaran a explorar y explotar una riqueza natural de la que no se sabía a ciencia cierta su potencial. En esta etapa inicial, el presidente Porfirio Díaz no solo enfrentó cierta presión de las empresas sino la ausencia de información confiable. Había dos visiones encontradas: una aseguraba que en México no había mucho petróleo, en tanto que la otra, donde destacaba un joven ingeniero: Ezequiel Ordóñez, que sostenía lo contrario, pues las chapopoteras eran indicador confiable de abundancia. Al final, Díaz optó por la primera opinión y aceptó que el congreso declarara que los yacimientos petroleros serían propiedad del superficiario y además casi exentó de impuestos su explotación.

Por siglos la legislación colonial había considerado toda la riqueza mineral propiedad original del soberano español y tras la independencia ese derecho simplemente fue asumido por el nuevo soberano: la nación. Pero cuando en 1884 el país independiente expidió su primera legislación minera, dejó al carbón y al petróleo como propiedad del dueño de la superficie. En 1901, cuando ya existían las dos empresas petroleras importantes, se publicó la primera ley específicamente petrolera que fue poco clara sobre la propiedad original de los yacimientos. Sin embargo, los interesados presionaron y en 1909 otra ley declaró sin ambigüedad que el petróleo era “propiedad exclusiva” del superficiario.

En 1916 el constituyente revolucionario decidió recuperar para la nación la propiedad original de los hidrocarburos y con ella su capacidad de exigir regalías a una industria que ya era un enclave extranjero. Pero la resistencia al cambio fue feroz y el conflicto se prolongó hasta desembocar en la expropiación de la industria en 1938.

Sea cual fuere el desarrollo futuro de la minería del litio en nuestro país, la experiencia histórica en materia petrolera indica que México no debe arriesgarse a repetir con ese mineral estratégico el error del Porfiriato. La nacionalización temprana del litio ayudará a no volver a tropezar con la misma piedra.

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