Por Rodolfo Chena Rivas

 

La tradición política y jurídica moderna sitúa en Montesquieu la idea de la división de poderes; en tanto que la existencia de organismos autónomos se ubica, sobremanera, en el curso de los últimos 25 años.

 

Repensados en conjunto, los poderes tradicionales y los noveles organismos autónomos, pertenecen a la parte orgánica de las constituciones contemporáneas.

 

En efecto, se debe a don Adolfo Posada la concepción de que en las cartas constitucionales se pueden apreciar dos partes fundamentales: una dogmática, donde están los derechos humanos de todos nosotros; y una orgánica, para determinar el funcionamiento de los poderes y, ahora también, de los organismos autónomos, es decir, de las autoridades tradicionales de orden ejecutivo, legislativo y judicial, así como de las más recientes instituciones públicas especializadas en diversas materias: electoral, fiscalización superior, transparencia, derechos humanos, fiscalía general, y las que surjan más adelante.

 

Montesquieu decía que había que dividir el poder del Estado para evitar que sus funciones se concentraran en un solo ente o persona, pues históricamente ello siempre ha producido conductas arbitrarias y discrecionales, y violación de derechos humanos, de parte de quienes detentan ese poder.

 

Si las tres funciones clásicas -legislativo, ejecutivo y judicial- se “dividen” entre personas e instituciones diferentes, “el poder controla el poder”. Y si, además, algunas funciones estatales se “dividen” y especializan, los “checks and balances” (frenos y contrapesos; o, controles y balances) se vuelven más equilibrados, en beneficio de nosotros los gobernados o administrados. Esta es la teoría y praxis que priva hasta nuestros días.

 

Ahora bien, la idea original refiere a una “división”, o sea, a un fraccionamiento o partición del “poder” estatal, sin espacio para la posibilidad de vasos comunicantes y, entonces, estaríamos condenados a un “toma y daca” entre instituciones diversas.

 

En el curso del siglo XX, esa apreciación general se moderó para transformarla en un principio de “separación” de poderes y, antes que una contienda o enfrentamiento, se reinterpretó bajo la idea de fijar límites precisos a cada “poder” público, introduciendo, sin embargo, la noción poco dúctil de estar frente a compartimientos estancos, desligados y sin capacidad de diálogo.

 

Esto ha cambiado. Ahora se habla de “colaboración” entre poderes públicos, es decir, de interacción, reciprocidad y apoyo mutuo entre éstos, bajo la consideración fundamental de que no hay más que un solo “Poder”, de naturaleza indivisible, independiente e impenetrable, puesto que no pueden existir Estados dentro de los Estados: o hay Estado o no hay; o hay varios, cada uno con su propia existencia; pero no hay estados superpuestos.

 

Así fue como, dada esta reformulación del original principio de la “división”, cobró importancia toral la noción de colaboración institucional entre poderes públicos y organismos autónomos (que también pertenecen al Estado, pero fuera de los límites de los poderes tradicionales). Pues bien, ojalá poderes, instituciones autónomas y personas entendamos que lo que más nos hace falta en este tiempo es colaboración para atender nuestros imperativos sociales. Cierto.

 

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