El fenómeno de la inseguridad en México no es de reciente generación, llevan muchos años los gobiernos nacionales reconociendo y combatiendo a su manera el terrible cáncer social cosificado por la delincuencia organizada. Así lo diagnosticó en su momento el gobierno de Ernesto Zedillo, de allí la reforma al artículo 21 constitucional con el propósito de hacer de la seguridad pública una función de Estado, es decir, gobiernos municipales, estatales y el federal combatiendo al unísono la delincuencia.

Pocos recordarán las continuas y fracasadas convocatorias del presidente Calderón a los gobiernos estaduales para apresurarse a capacitar y acreditar debidamente sus respectivos cuerpos policiales; Peña Nieto incorporó a la Secretaría de Gobernación esa función, con resonado fracaso. A juzgar por el crecimiento desmedido de la delincuencia en el país, todo aquello fue infructuoso.

Ahora, el presidente López Obrador privilegia su estrategia de abrazos, no balazos, para combatir (es un decir) a los diferentes grupos delincuenciales que ya operan abiertamente en el territorio nacional, y avanzan aceleradamente ganándole terreno al gobierno porque ante su inoperancia los espacios se ocupan: Zacatecas, Sinaloa, Sonora, Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí, Tamaulipas, y ahora Chiapas, son evidencias incontrastables. Veracruz, no escapa ni con mucho a esa condición porque aquí operan 6 células delincuenciales, según ha reconocido el gobierno estatal ¡Y…?