Para acentuar que en su equipo de gobierno los encargados de la implementación de las políticas públicas se conducen con “honestidad” (90%), y “eficiencia” (10%), el presidente López Obrador gusta en repetir su slogan favorito: “no somos iguales”, en desmedido afán por denostar implícitamente al pasado; es decir, por obra y gracia de su palabra sus colaboradores tienen un comportamiento que contrasta con el de sus antecesores en el servicio público. Sin embargo, esa retórica no se acopla con nuestra realidad nacional, porque quienes ahora ejecutan los programas de gobierno provienen del mismo caldo de cultivo, no vienen de Noruega, Dinamarca o de otra galaxia o dimensión desconocida. Entonces ¿por qué tendrían que ser diferentes? Hay matices, por supuesto, pero estos no determinan en todo caso las diferencias en el manejo de la cosa pública. Se nota, sin embargo, cierta diferencia, estriba en el noviciado y la improvisación, porque la repartición de los puestos en la actual administración no ha seguido un riguroso proceso selectivo ni el reclutamiento fue lo meticuloso que se quisiera. Esto es difícil realizarlo cuando se privilegia el pago de las adhesiones políticas, el acompañamiento en el acompasado grito de las protestas callejeras del antaño oposicionista, y  los servicios en campaña, privilegiados sobre la capacidad y experiencia. Lo demuestra la Auditoría Superior de la Federación en sus observaciones a la Cuenta Pública 2020 referidas a dos programas sociales de la Secretaría de Bienestar, en los cuales encontró serias anomalías en el pago de su extensa lista de beneficiarios, donde hasta los muertos cobran. Pero no es lo único, también se abona en la larga lista de contratos sin licitación, con montos de cientos de millones de pesos otorgados por la vía discrecional. Por eso y muchas cosas más, es muy difícil conceder crédito al “no somos iguales”, que en este caso debiera cubrirse de rubor por su mucha semejanza al “más de lo mismo”.