México. 22 de noviembre del 2022.-La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició la discusión del nuevo proyecto del ministro ​​Luis María Aguilar Morales que plantea acotar la prisión preventiva oficiosa para que ya no sea aplicada de manera automática, sin embargo, se volvió a posponer la sesión y se retomará el próximo jueves 24 de noviembre.

El ministro Luis María Aguilar Morales destacó que el proyecto parte de una nación básica, que los derechos humanos buscan poner a la persona en el centro de acción y protección, es decir, las personas son la razón de existencia del Estado.

En la presentación de su proyecto, el ministro destacó que la prisión preventiva oficiosa debe ser armónica con la libertad personal, la presunción de inocencia y deber del juez penal de funda y motiva las medidas cautelares y que existen dos formas distintas de interpretar esta medida cautelar: una textual y otra pro persona.

Alberto que la Prisión preventiva oficiosa en carácter automática puede ser nociva a los derechos humanos, pues en el que el entendimiento de la Prisión preventiva oficiosa como una medida automática suprime por completo los rasgos del sistema penal acusatorio, en el que el MP está obligado a argumentar que ha su juicio hace procedente la medida cautelar.

Aguilar Morales subrayó que no se trata de desaparecer la prisión preventiva oficiosa y consideró que la concepción de esta medida debe entenderse como una pena adelantada y violatoria a los derechos humanos.

“Por ello se propone un indispensable estudio sobre la naturaleza e interpretación de la prisión preventiva oficiosa, prevista en el artículo 19 constitucional, por lo que se debe realizar un ejercicio de análisis hermenéutico de las normas y de su preferencia interpretativa partiendo del principio pro persona, que exige el artículo primero constitucional”, explicó.

La primera propuesta del ministro ponente se presentó en septiembre pasado, pero él mismo la bajó, pues la mayoría de sus compañeros se declararon en contra de que se planteará la inaplicación del artículo 19, por considerar que la prisión preventiva oficiosa viola derechos humanos.