México. 14 de marzo del 2022. – Marco del Toro, abogado de la familia Fernández, aseguró que el estreno de la serie “El Último Rey”, la cual habla de la vida de Vicente Fernández, sería un desacato en contra de la orden de las autoridades federales que notificaron a Televisa y a sus filiales que estipularon que la imagen de “El Charro de Huentitán” no debe ser usada sin autorización de su familia.

Destacó el contenido sobre la muerte del cantante y la transmisión de imágenes fue parte de la cobertura periodística, pero que el uso de marcas o del nombre artístico del artista para la bioserie está destinada al lucro, lo cual está impedido por la ley.

En entrevista con Javier Alatorre, el legista explicó que cualquier uso del nombre del intérprete de “Por tu maldito amor” son parte de su patrimonio, por lo que María del Refugio Abarca Villaseñor, mejor conocida como “Cuquita”, es la propietaria de estos actualmente.

Destacó que Grupo Televisa está debidamente notificada de este hecho, por lo que le extraña que la unión de las empresas Televisa-Univisión sea quien responda a la polémica, ya que no tiene sede en México.

“Don Vicente en vida decidió contratar a Caracol y a Netflix para contar su historia”, dijo.

Agregó que “El Charro de Huentitán” decidió esto para poder seleccionar a quién le permitía interpretarlo en la pantalla.

Bioserie de Vicente Fernández se va a estrena HOY, no hay orden oficial que lo impida: Abogado de Televisa

“Nunca se reunió con su vida con Vicente Fernández”, dijo sobre el libro de la periodista Olga Wornat , a la cual acusó de usar la imagen del cantante sin su consentimiento, lo cual es una violación de los derechos de propiedad intelectual del intérprete.

Aseguró que sospecha que el libro “El último rey: la biografía no autorizada de Vicente Fernández” se realizó por encargo para poder actuar en caso de que se hiciera la demanda correspondiente por daño a la imagen.

Destacó que el camino legal que emprende la familia Fernández podría ocasionar que la demanda concluya con una multa o incluso con una responsabilidad penal.

“El INPI tiene facultades, en primer lugar multas de hasta 20 millones de pesos”, dijo.