Querétaro. 29 de enero del 224.- En agosto de 2022, Querétaro hizo historia al contar con la primera sentencia condenatoria en el país en contra de un asesino de animales, cuando un juez declaró culpable a Benjamín “N”, por el asesinato de Athos y Tango, perros de rescate pertenecientes al equipo canino de la Cruz Roja Mexicana.

Ayer domingo, a poco más de un año de esa sentencia, el culpable no ha pisado la cárcel y, producto de un amparo interpuesto ante el tribunal federal, el magistrado del Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuido, Eustacio Esteban Salinas Wolberg, ingresó un proyecto que pretende reducir la pena del acusado al asegurar que la sentencia es inconstitucional.

Más de un centenar de activistas y sociedad civil recorrieron las calles de Querétaro en protesta por lo realizado por el magistrado federal, a quien acusan de violentar la ley y emprender una campaña de defensa a favor de Benjamín “N”.


La abogada a cargo del caso de Athos y Tango, Mónica Huerta, asegura que lo señalado por Salinas Wolberg demuestra su ignorancia sobre las leyes y, en caso de que su proyecto sea votado a favor, se llevará el caso al Tribunal de Justicia de la Nación.

Lo que busca el magistrado federal es que la pena impuesta a Benjamin “N, en agosto de 2022 cuando se le sentenció a 10.6 años de prisión y una multa de más de 2 millones de pesos, se reducido a una sentencia en un rango de 3 a 5 años, misma que, de aprobarse, le daría al acusado la posibilidad de nunca pisar la cárcel.

“Son argumentos son muy pobres, lo lamento mucho porque finalmente estamos hablando de una autoridad superior, pero son argumentos y fundamentos de primer semestre de derecho penal, o sea, está confundiendo la conducta con el medio de ejecución y con eso considera que hay un doble enjuiciamiento, al considerar que hay un doble enjuiciamiento entonces pretende quitar la agravante y con ello reducir la pena, pero realmente son fundamentos que no tienen un sustento legal”, declaró.

El próximo jueves 1 de febrero, el tribunal colegiado sesionará para determinar la procedencia de este proyecto, por lo que las asociaciones de protección animal en Querétaro advirtieron que llevarán la protesta hasta el tribunal.