México. 30 de diciembre del 2021.- En cumplimiento con lo ordenado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) reanudó las tareas de organización del proceso de revocación de mandato y su consejero presidente, Lorenzo Córdova, instruyo a todas las áreas a proponer nuevas adecuaciones presupuestales.

Sin embargo, Córdova insistió en su postura respecto a la falta de recursos, declarando que “a lo imposible, nadie está obligado”, quizá previendo que no se logren obtener los recursos necesarios sin afectar sus prebendas y privilegios y acudir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como lo sugirió la corte.

Mediante un video difundido en redes sociales, Córdova amenazó a la SHCP con que, si no le son otorgados los recursos que solicite, habrá menos casillas, menos publicidad del ejercicio y quizá algunas otras carencias.

“La sentencia (del Tribunal) es clara, iremos a la SHCP. Ahora no va a poder contestarnos como otras ocasiones: ´el gobierno federal tiene otras prioridades, hazle como puedas´. Y si luego no hay recursos, se hará con lo que se tenga. Y si hay menos casillas pues habrá menos casillas. Se va a hacer lo que se pueda hacer’”, dijo el consejero presidente.

“Si tuviéramos que llegar al extremo, ojalá y no ocurra, de no poder cumplir los parámetros de la ley, que quede constancia de que el INE hizo todo lo que pudo hacer política, jurídica y presupuestalmente para cumplir con la ley, y si no, bueno, a lo imposible nadie está obligado”, agregó en un claro reto al TEPJF.

En la sesión extraordinaria el INE donde, sin más alternativa por ser instrucción de la Corte, el Consejo General aprobó acatar la orden del TEPJF que les indica volver a realizar un ajuste en su gasto y, de ser necesario, solicitar una ampliación presupuestal, se lamentaron de la denuncia penal que el diputado de Morena y presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, interpuso contra seis consejeros y el secretario ejecutivo, a pesar de que éste decidió no ratificarla ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Sobre el tema, Lorenzo Córdova se quejó de que la no ratificación de la denuncia penal no es, a su parecer, suficiente, pues asegura que “eso no basta porque los delitos contra servidores públicos se persiguen de oficio. Y hoy hay carpetas abiertas y se están haciendo indagatorias. Entonces ojalá esta congruencia con el estado de derecho (desistirse de insistir en la demanda) también abarque a las autoridades ministeriales. (…) Hoy todavía hay carpetas que criminalizan la diferencia y el ejercicio de las funciones de algunos funcionarios públicos”.

Así las cosas, los consejeros reanudarán las actividades de organización del proceso de revocación, aunque el consejero Ciro Murayama aclaró que esto sucederá hasta el día 3 de enero de 2022, ya que se encuentran de vacaciones desde el 17 de diciembre, mientras seguirán esperando la resolución de fondo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a su recurso interpuesto contra el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Al aprobar suspender las tareas organizativas para realizar la consulta popular para la revocación de mandato, el INE dejó pendientes 157 acciones, en las que están contempladas 49 procesos y 190 actividades específicas, entre ellas generación de documentación y materiales o gestión de sistemas informáticos en materia de organización.