Ciudad de México, 20 de agosto de 2021.- El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que solicitará cinco mil millones de pesos para realizar la revocación de mandato y una posible consulta popular, basándose en un acatamiento al criterio que les impuso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que previeran estos recursos, apegándose a la ley secundaria que aprobó el Poder Legislativo “que incrementa los costos”.

Como MILENIO adelantó, el INE probará cinco mil 743.57 millones pesos de presupuesto exclusivo para estos ejercicios democráticos la próxima semana. En conferencia de prensa, la Comisión Temporal de Presupuesto 2022 confirmó que de los 18 mil 827 millones de pesos que solicitarán para el próximo año, mil 913.13 pesos serán para una posible consulta popular, al estar aprobado que se puede realizar una cada año, y tres mil 830.45 millones de pesos para la revocación de mandato.

“Aún cuando hasta ahora la revocación de mandato y la consulta son jurídicamente sólo una posibilidad, el INE tiene que calcular su costo y sumarlo en el presupuesto y así se está haciendo. Si se diera el caso de que alguno o ambos ejercicios no fueran aprobados, de conformidad con las normas vigentes, el INE devolvería en su momento el importe correspondiente a la Tesorería de la Federación”, explicó el consejero Jaime Rivera, presidente de esta comisión temporal.

El consejero insistió en que este presupuesto se debe solicitar no sólo por previsión, sino en acatamiento al criterio que les impuso la Suprema Corte luego de que el INE interpusiera una controversia constitucional para solicitar presupuesto adicional para la consulta popular de este año, a lo que respondió que es el instituto el responsable de prever este presupuesto cuando tiene conocimiento de la intención de estos ejercicios y porque las consultas populares anuales ya están fijas en la ley.

Al cuestionar el por qué el presupuesto es superior, incluso a los mil 499 millones de pesos que habrían solicitado en 2020 para la consulta del pasado 1 de agosto, las y los integrantes de la comisión explicaron que en aquél momento se presupuestó conforme a un programa del INE, pero ahora, deben apegarse a las normas que aprobó el Poder Legislativo. “Ya hay una ley base para presupuestar el ejercicio de participación ciudadana, el criterio, como cambió, implica la cantidad que se está presupuestando. Tenemos una ausencia de ley en revocación de mandato, pero también tenemos la obligación de presupuestar; señaló la consejera Claudia Zavala.

Con Información de MILENIO