México. 24 de julio del 2020.-En el caso de las 617 hectáreas de San Miguel Xaltocan, que la Sedatu contempla entregar a 722 comuneros de ese poblado indígena, no están sujetas de ninguna negociación, afirmó la directora de Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Estela Ríos González.

Esto luego de la aparición de un grupo de personas que reclama la propiedad de esa extensión de tierra con documentos que datan de hace más de medio siglo y que esa secretaría declaró como terrenos nacionales, el 26 de abril de 2019.

Ríos González afirmó que si un juez concede un amparo a cualquiera de las personas que reclaman la propiedad del predio aledaño a donde se construye el Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, la entrega de 617 hectáreas a los comuneros se frenaría de forma automática.

Una persona que reclama la propiedad de uno de los terrenos de Xaltocan presentó una lista con nombres de 19 propietarios y un plano catastral delimitando los predios.

“Si en un momento dichas personas acreditan ser propietarios ante la autoridad judicial competente, se respetará la decisión de la autoridad judicial. Nosotros somos respetuosos de la propiedad privada y social, y actuaremos conforme nos ordene la autoridad judicial”, dijo Ríos González.

Sin embargo, reconoció que durante la investigación hecha por la dependencia para determinar que no había propietarios de esas tierras y poder hacer la declaratoria de terrenos nacionales, que se registró el 26 de abril de 2019, sí se encontraron claves catastrales.

Mencionó que “sí se analizó el tema de los registros catastrales tal y como se expresa en la declaratoria. La situación es que los registros catastrales no acreditan la propiedad, no son el medio legal para acreditar la propiedad”, puntualizó.

Dijo que “en última instancia espero que todo se resuelva de buena manera, pasaría a convertirse en un conflicto no de la Sedatu con estos propietarios y no podría cumplir con lo comprometido con estos comuneros, sería un conflicto jurídico que tendría que resolverse entre los posesionarios efectivos y los presuntos propietarios”.