México. 26 de octubre del 2021.-El Pleno de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó, por 8 votos en contra y 3 a favor, el proyecto que proponía otorgar prisión preventiva oficiosa contra quienes cometen delitos fiscales.

Arturo Zaldívar, presidente de la Corte, apuntó a que “la prisión preventiva oficiosa desvanece por completo el principio de presunción de inocencia y de libertad que deben tener todas las personas porque, de conformidad con los criterios de la Corte Interamericana, la prisión preventiva oficiosa solamente puede ser cuando hay peligro de sustracción de la justicia o de que pueda la persona procesada destruir pruebas”.

Los ministros consideraron excesiva la propuesta al señalar que los delitos fiscales, como defraudación, contrabando y facturación de operaciones simuladas o inexistentes, dañan al Estado mexicano y a la seguridad nacional.

En ese sentido, el ministro Jorge Pardo Rebolledo consideró que “los delitos fiscales, los que están previstos en esta fracción XIII, no en todos los casos, ni en todas las circunstancias, ponen en riesgo a la hacienda pública y mucho menos la estabilidad o la existencia del Estado mexicano, pero que sea incluido como un delito contra la seguridad nacional este tipo de ilícitos, en todos los casos y cualquiera que sea la circunstancia, sí me parece desproporcional y excesivo”.

La SCJN analizó las reformas y disposiciones a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal y el Código Fiscal de la Federación realizadas en 2019 y promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Senado, en las cuales se tipificó como delincuencia organizada la expedición de facturas por más de 7.8 millones de pesos.

Bajo esta perspectiva, las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Margarita Ríos Farjat, así como el ministro José Fernando Franco, mencionaron que estas operaciones delictivas sí impactan en la seguridad nacional, pues datos oficiales demuestran que en los últimos cinco años se han facturado operaciones inexistentes por más de 2 billones de pesos, cifra que representa entre 3 y 4 puntos del producto interno bruto (PIB), lo que demuestra que estas empresas consuman un daño patrimonial al Estado mexicano; también señalaron que otras medidas implementadas no han podido limitar estas prácticas ilegales, pues por el contrario, se han incrementado.

Por tanto, la SCJN ordenó que el proyecto se turne nuevamente a otro ministro integrante de la mayoría para que elabore una nueva propuesta de resolución.