México. 04 de marzo del 2021.-Según la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Rosa Icela Rodríguez, en lo que va del proceso electoral, de septiembre de 2020 a febrero de 2021, al menos 64 políticos mexicanos han sido víctimas de homicidio.

La Secretaria detalló que, de un total de 73 delitos relacionados con violencia política, que incluyen agresiones, más de la mitad han ocurrido en estos siete estados; Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Morelos, Baja California y Jalisco.

Así mismo, la funcionaria presentó en la conferencia matutina desde Palacio Nacional, la “Estrategia de protección en contexto electoral” para los próximos comicios del próximo 6 de junio, que serán las más grandes de la historia de México, con cerca de 21 mil cargos en juego.

“A más de tres meses de la jornada estamos trabajando para frenar el incremento de estos delitos porque las organizaciones criminales buscan fortalecer su operación mediante la intimidación y el aumento de su influencia política”, expresó Rodríguez.

Cabe mencionar que, 94 millones de votantes están llamados el próximo 6 de junio a elegir a los 500 Diputados federales, 15 Gobernadores de un total de 32 estados, 30 congresos estatales, mil 900 ayuntamientos y otros miles de regidores y síndicos.

Sin embargo, las elecciones se llevarán a cabo en un contexto en el que México ha registrado los dos últimos años como los más violentos de su historia con 34 mil 648 víctimas de asesinato en 2019 y 34 mil 515 en 2020.

Trascendió que, la estrategia incluirá mesas de trabajo entre autoridades judiciales y electorales, reforzar la seguridad en municipios de alto riesgo y facilitar investigaciones y protección para candidatos amenazados.

En este plan, participarán la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobernación (SEGOB), las fiscalías, los partidos políticos, gobernadores y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó que el objetivo es “darles protección a candidatos para que no los obliguen a declinar por amenazas”.

“La protección tiene que ser voluntaria, aceptada, porque no puede ser una intromisión por la fuerza a un proceso electoral, eso no, tiene que ser de acuerdo con las autoridades, también con los organismos electorales, pero nadie podría oponerse a esto”, manifestó