- Lauro Hugo López Zumaya dijo que el obligar a los médicos a trabajar en condiciones precarias es una situación que “debe ser investigada de oficio por la Comisión Nacional de Derechos Humanos”
- Otros de los temas abordados fueron: el uso de dispositivos de vigilancia electrónica; la guía bioética, el derecho a la información pública, y reacción de los gobiernos autoritarios y democráticos ante la pandemia
Paola Cortés Pérez
Xalapa, Ver.- Lauro Hugo López Zumaya, investigador adscrito al Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Veracruzana (UV), advirtió que el Estado mexicano incurre en la violación al derecho humano a la vida y a la salud, al no dotar de equipo de protección adecuado al personal médico para enfrentar el virus SARS-CoV-2 que ocasiona la enfermedad del Covid-19.
El investigador participó en una segunda parte de la mesa virtual de análisis “Implicaciones jurídicas actuales derivadas de la pandemia por el coronavirus en México”, llevada a cabo la tarde del lunes 11 de mayo a través de la plataforma digital Facebook Live.
En esta ocasión participaron también Arturo Miguel Chípuli Castillo y José Francisco Báez Corona, investigadores del IIJ; Karina Nohemí Martínez Meza, quien realiza estancia postdoctoral en el IIJ, y María Elisa Matilde Ceballos Díaz, estudiante del Doctorado en Derecho.
Lauro Hugo López abordó el tema de los derechos humanos del personal del sector de salud, del cual recordó que en distintos medios de comunicación se han difundido las manifestaciones de médicos, enfermeras y enfermeros, quienes reclaman mejores condiciones de trabajo y garantías de bioseguridad, ya que falta equipo, protección y capacitación para enfrentar el Covid-19.
Ante este panorama, el investigador concluyó que se violan los derechos humanos del personal médico, al obligarlos a trabajar en condiciones graves de riesgo para su salud, incluso comprometen su vida y la de sus familiares.
“Esta situación debe ser investigada de oficio por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.”
Por su parte, María Elisa Matilde Ceballos habló sobre la guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica y dijo que hasta el momento no hay puntos de acuerdo con respecto a su uso, ya que ha sido muy cuestionada su aplicación al estar basada en la guía bioética de la Universidad de Pittsburg, Estados Unidos.
Mencionó que una de las características e innovaciones que presenta es que ofrece a los familiares del paciente y/o al paciente un sistema de apelación sobre la decisión de triaje, que será resuelto de manera inmediata por un comité revisor integrado por especialistas de alto nivel.
Aclaró que esto no implicará negar el servicio o tratamiento alguno, se le brindará al enfermo tratamiento paliativo para el bien morir.
“Lo cierto es que si el Estado mexicano garantizara el acceso efectivo a los bienes de salud, el personal médico no tendría que utilizar esta guía ni la población recibir sus consecuencias e incertidumbre.”
En su participación, Arturo Miguel Chípuli reflexionó sobre la relevancia del derecho a la información pública en tiempos del Covid-19, consideró que los gobiernos deben proporcionar información proactiva acerca del virus para evitar poner en riesgo la salud de las personas.
Durante la pandemia, dijo, es primordial que los gobiernos garanticen la base de datos (sin hacer excepciones), así como la transparencia y el acceso a la información, y proteger la labor de periodistas y defensores de derechos humanos.
José Francisco Báez analizó la respuesta que han tenido los gobiernos autoritarios y democráticos ante la pandemia: “Podemos caer en la trampa de que los países autoritarios son mejores para enfrentarla, que un país democrático.”
Se puede determinar que es falaz creer que los países con regímenes autoritarios tienen mejores herramientas para enfrentar estados de emergencia como el que ahora se vive; sin embargo, un régimen democrático cuenta con las mismas herramientas y con un mejor diseño, con la diferencia de que son temporales, justificadas y tienen que presentar un informe sobre los resultados.
Por último, Karina Martínez habló sobre el uso de los dispositivos de vigilancia electrónica durante la pandemia, los cuales han sido útiles para recopilar y analizar sistemáticamente datos con fines de salud pública, difusión de información, detección de nuevos casos, proporcionar información epidemiológica, identificación de personas que han tenido contacto con casos positivos, así como para distinguir entre casos sospechosos, probables y comprobados, entre otras funciones.
Los dispositivos que son utilizados son la aplicación de cámaras térmicas, cámaras termográficas, monitoreo visual de personas, GPS y otros más.
“Se tendrá que hacer una evaluación del impacto que tuvo la aplicación de estos dispositivos, revisar la eficiencia y eficacia, examinar la colaboración que tuvieron con otros programas y políticas en materia de educación, salud y seguridad.”