Pedro Núñez Mendoza.

A lo largo de la historia moderna —al menos desde el final de la Segunda Guerra Mundial— la humanidad ha intentado establecer mecanismos de colaboración y resolución pacífica de conflictos a través de la mediación diplomática. En esa lógica, el sistema de Naciones Unidas, que nace el 24 de octubre de 1945, tiene como propósito central discutir problemas comunes y encontrar soluciones compartidas.

En aquella década, de la que ya nos separan 80 años, la mayor amenaza para la humanidad era el retorno a los conflictos bélicos masivos y, más aún, la utilización de armas nucleares entre potencias, especialmente entre la extinta URSS y los Estados Unidos de Norteamérica. Si bien se registraron conflictos locales en el contexto de lo que se conoció como la Guerra Fría, los mecanismos de mediación de la ONU contribuyeron a desescalar tensiones de enorme trascendencia para el planeta.

Con el paso del tiempo y frente a la terca realidad, la ONU amplió su perspectiva: no sólo se concentró en la conservación de la paz y el desarrollo humano, sino que comenzó a hacer eco de las advertencias de la comunidad científica sobre el deterioro acelerado del clima y de los ecosistemas, provocado por los patrones de producción y consumo de la humanidad.

Durante las décadas de los años ochenta y noventa, uno de los datos más alarmantes que se dieron a conocer en materia ambiental, fue el acelerado deterioro de la capa de ozono estratosférico, que permite el desarrollo de la vida en el planeta al protegerla de los rayos UVB, altamente nocivos (radiación solar de onda media entre 280 y 320 nm). Desde 1974, los químicos Sherwood Rowland y el mexicano Mario Molina advirtieron sobre su deterioro y los riesgos para la salud y la vida si la capa se debilitaba o desaparecía.

En 1987, la comunidad internacional firmó el Acuerdo de Montreal, un instrumento decisivo para detener el deterioro de la capa de ozono mediante la prohibición global de los clorofluorocarbonos (CFC), compuestos utilizados en la refrigeración y en diversos procesos industriales, claramente identificados como responsables de la destrucción del ozono atmosférico.

Ese primer ejercicio exitoso de colaboración multilateral permitió que años después se estableciera otro instrumento igualmente relevante: el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), apoyado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Al entrar en vigor en 1994, sentó las bases para la cooperación internacional frente al calentamiento global.

De ese mismo convenio se desprende la Conferencia de las Partes, mejor conocida como COP, que comenzó el 28 de marzo de 1995 en Bonn, Alemania, realizada anualmente y suspendida sólo en 2020 debido a la pandemia de COVID-19. A lo largo de sus 30 ediciones se han alcanzado acuerdos de importancia cómo: el Protocolo de Kioto en 1997, orientado a limitar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de los países industrializados; el Acuerdo de Copenhague en 2009, que planteó el objetivo, también, de limitar el aumento de la temperatura global a 2 °C respecto de la era preindustrial; el Acuerdo de París en 2015; el Pacto Climático de Glasgow en 2021; y en 2023, el compromiso para avanzar en la transición fuera de los combustibles fósiles.

La COP 2026 se celebrará del 9 al 20 de noviembre en Antalya, Turquía. Entre los temas previstos destacan la financiación climática para los pequeños Estados insulares en desarrollo, la profundización de la transición energética —meta que aún parece lejana—, las acciones de mitigación y adaptación, y la necesidad de reforzar las medidas contra la deforestación global.

El problema es que el cambio climático no entiende de calendarios diplomáticos ni de negociaciones burocráticas. Mientras tanto, las temperaturas globales continúan en ascenso y sus efectos podrían sentirse en 2026 con una de las primaveras más calurosas jamás registradas.

Si los Estados no adoptan medidas determinantes e inmediatas para transformar la forma en que producimos energía, nos desplazamos, consumimos y gestionamos nuestros residuos, los instrumentos multilaterales y las buenas intenciones que se deriven de las próximas COP, resultarán insuficientes. La pregunta persiste: ¿Estamos aún a tiempo de evitar las proyecciones de los expertos?

 

Autor:

Pedro Núñez Mendoza es Economista por la Facultad de Economía de la UNAM, Maestro en Políticas Públicas por el ITESM campus CDMX y ambientalista por vocación.