Chihuahua. 26 de mayo del 2026.-Diputados locales del Estado de Chihuahua promovieron una demanda de juicio político contra la Gobernadora “Maru” Campos, a quien señalan por presuntas violaciones constitucionales.

El recurso también menciona “omisiones graves con incidencia en la soberanía nacional, la seguridad nacional y el orden federal”.

La solicitud surgió después de que se reportara la participación de agentes de EU en un operativo contra el narcotráfico en Chihuahua. Según la información dada a conocer, esa acción habría terminado con un total de cuatro personas fallecidas.

En el documento, integrado por 104 cuartillas, los legisladores plantean que la Cámara de Diputados revise el caso.

“La presente denuncia tiene por objeto que la Cámara de Diputados admita, sustancie y, en su caso, formule acusación ante la Cámara de Senadores respecto de la probable responsabilidad política de la persona titular del Poder Ejecutivo del estado de Chihuahua por hechos vinculados con la presunta presencia, colaboración, tolerancia u ocultamiento de agentes extranjeros en territorio nacional dentro de un contexto operativo de seguridad, así como por la posible invasión de competencias reservada la federación en materia de seguridad nacional y política exterior”.

Según lo dicho por los 11 diputados firmantes, la acusación se plantea —en dos rutas—. Una por acción y otra por presunta omisión grave.

Emiten solicitud de juicio político contra Maru Campos
Asimismo, en el primer punto, los legisladores sostienen que podría existir responsabilidad si las pruebas indican una participación directa o consentimiento de la mandataria estatal.

“Si del acervo probatorio se desprende que la persona denunciada solicitó, autorizó, consintió o encubrió mecanismos de colaboración operativa directa con agentes extranjeros al margen del marco constitucional federal, o bien llevó a cabo actos de acuerdos, tratados, entendimientos con gobiernos extranjeros reservados a una esfera de gobierno diversa”.

A su vez, el segundo planteamiento se relaciona —con una posible— falta de control institucional dentro del gobierno estatal.

“Si se acredita que su calidad de titular del Poder Ejecutivo estatal y responsable política del aparato administrativo de la entidad permitió un funcionamiento institucional carente de control y reportes, así como de supervisión suficiente, con el consecuente quebranto al orden constitucional y a la soberanía nacional”.

La demanda quedó firmada por Edin Cuauhtémoc Estrada Sotelo, Magdalena Rentería Pérez, Leticia Ortega Maynez, Óscar Daniel Avitia Arellanes, Elizabeth Guzmán Argueta y María Antonieta Pérez Reyes.