- José Francisco Báez Corona, del IIJ-UV, considera que en su momento abrogaría las disposiciones de la actual Ley de Ciencia y Tecnología
- Reconoció que el anteproyecto de ley destaca la ratificación del reconocimiento del “derecho humano a la ciencia”
José Francisco Báez Corona, investigador del IIJ, habló del anteproyecto de la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación
Entre los aspectos que han desatado polémica, Báez Corona mencionó la formulación de una agenda de investigación de Estado, definida por el Consejo de Estado y operada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que pretende establecer las principales áreas de investigación a desarrollar en México, de acuerdo a la problemática nacional visualizada por el actual gobierno federal
José Luis Couttolenc Soto
Xalapa, Ver.- El anteproyecto de iniciativa de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación (HCTI) representa el marco regulatorio de la investigación en México, reglamenta la Fracción V del Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su momento abrogaría las disposiciones de la actual Ley de Ciencia y Tecnología.
José Francisco Báez Corona, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Veracruzana (UV), consideró lo anterior y dijo que actualmente el anteproyecto de iniciativa de Ley General HCTI es analizado por juristas, académicos, investigadores y científicos.
“A partir de su publicación como ‘anteproyecto’ ha generado interés y también algunas preocupaciones en la comunidad científica y la sociedad en general”, comentó el Doctor en Derecho Público, Especialista y Maestro en Docencia Universitaria.
No obstante, reconoció que el anteproyecto de ley destaca la ratificación del reconocimiento del “derecho humano a la ciencia”, que si bien se desprende del texto constitucional reformado en 2019, requiere ser reglamentado. Otro punto positivo es la reivindicación de las humanidades en la esfera científica pública de México, “puesto que la vigente Ley de Ciencia y Tecnología de 2002 presenta un fuerte sesgo hacia las ciencias de carácter tecnológico y otras de la familia de las ciencias experimentales”.
Entre los aspectos que han desatado polémica, Báez Corona mencionó la formulación de una agenda de investigación de Estado, definida por el Consejo de Estado y operada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que pretende establecer las principales áreas de investigación a desarrollar en México, de acuerdo a la problemática nacional visualizada por el actual gobierno federal.
Al respecto, expresó su punto de vista en cuatro puntos: reglamentó algo que se viene haciendo desde 2002 con la creación del Conacyt; es legítimo y el Estado tiene la facultad de establecer una política de ciencia que no limita la libertad de investigación, puesto que el investigador puede dedicarse al tópico, área o materia que sea de su interés; esta política o agenda de Estado, debe ser efectivamente de Estado y no sólo de gobierno, y que los foros de análisis de la ley y consultas tengan peso directo en las decisiones finales; que la libertad de investigación pueda verse cooptada por el sector estatal cuando los recursos públicos puedan establecer la condición de resultados favorables o no críticos al gobierno.
Dijo que otro aspecto discutido es el renglón presupuestal pues el anteproyecto se presenta en un contexto de reducción de fideicomisos públicos para la investigación; sobre este punto, consideró que el anteproyecto de Ley –a pesar de contemplar un capítulo especial, el V relativo al presupuesto– es ambiguo y vago, por lo que es necesario “establecer números para que el derecho humano a la ciencia, previamente reconocido, no sea una mera declaración y tenga posibilidad de eficacia”.
Con base en lo anterior, lo más conveniente sería fijar explícitamente un porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), no menor al uno por ciento, que el Estado estuviera obligado a destinar a la investigación y el desarrollo, con lo que se estaría duplicando el presupuesto actual, aunque aún quedaría muy por debajo del tres por ciento que invierten países desarrollados.