- Ello debilita la ciencia, investigación y la innovación
- “No se tiene información oficial concreta de anomalías o mal uso de recursos”: Manlio Fabio Casarín León
Manlio Fabio Casarín León, investigador del IIJ (foto de archivo)
Gracias al cabildeo de actores políticos y representantes de las IES adheridos a la ANUIES, se mitigaron los intentos de reducir el presupuesto y afectar la autonomía universitaria, “como se pudo atestiguar en un primer proyecto de reforma constitucional que envió el titular del Poder Ejecutivo al Congreso de la Unión; autonomía que se logró conservar”
José Luis Couttolenc Soto
Xalapa, Ver.- Desaparecer los fideicomisos públicos del sector educativo superior se puede considerar una decisión desafortunada, porque tiende a debilitar aún más la educación en áreas como la ciencia, tecnología e innovación, que constituyen importantes instrumentos para la formación de recursos humanos dentro y fuera del país, opinó el investigador Manlio Fabio Casarín León.
Agregó que no contar con el apoyo de estos fideicomisos –que se suma a la reducción del presupuesto destinado para las universidades públicas– impacta también en el fomento y financiación de proyectos a largo plazo, orientados a la solución de importantes problemas que se viven a nivel nacional e internacional.
“No obstante que fueron suprimidos los fideicomisos, hasta este momento no tenemos información oficial de concretas anomalías, e incluso de responsabilidades por mal uso de los mismos”, dijo el también catedrático de la Facultad de Derecho, quien consideró era posible conservarlos fortaleciendo la transparencia y rendición de cuentas del manejo de los mismos.
Dijo que es de llamar la atención en el entorno político y económico de los recientes años los recortes presupuestales por parte del gobierno federal a las instituciones de educación superior (IES), poniendo fin a una etapa de estabilidad financiera, “sobre todo en 2018 con el cuestionamiento a las universidades públicas, que se consideraron como entidades que funcionaban con privilegios, opacidad, corrupción e ineficiencia, y la política de ciencia, tecnología e innovación fue tachada de neoliberal por el presidente y los funcionarios que llegaron con él al poder”.
Casarín León lamentó que el proyecto de austeridad y ahorro del gasto para obras y programas sociales –prioritarios a juicio del presidente– y la ampliación de la cobertura en educación superior a través de las universidades “Benito Juárez” en varias partes de país, así como el programa “Jóvenes construyendo el futuro”, fueron algunos de los factores que contribuyeron a la disminución del presupuesto para las IES, incluyendo el recorte o supresión de programas de fondos extraordinarios que antes gozaban.
No obstante, reconoció que gracias al cabildeo de actores políticos y representantes de las IES adheridos a la ANUIES, lograron mitigar no sólo los intentos de la reducción drástica del presupuesto, sino la injerencia y afectación de la autonomía universitaria, “como se pudo atestiguar en un primer proyecto de reforma constitucional que envió el titular del Poder Ejecutivo al Congreso de la Unión; autonomía que se logró conservar”.
Por todo lo anterior, el jurista dijo que el gobierno federal debe convertirse en un interlocutor capaz de escuchar, debatir y deliberar con transparencia los planteamientos de los actores sociales, a efecto de tomar decisiones que atiendan una visión incluyente y colectiva, y no una unilateral y excluyente que afecta la naturaleza de los procesos democráticos, en una sociedad plural como la mexicana.
Para finalizar, dijo que la pandemia cambió las prioridades de la sociedad obligando al replanteamiento de los programas y políticas gubernamentales para paliar los efectos devastadores, sobre todo en los grupos vulnerables, del sector productivo y la economía, pero también en el goce y los servicios de los derechos humanos, entre los que se encuentra garantizar el derecho a la educación en su dimensión interdependiente y progresiva.