México. 09 de abril del 2026.-Por la madrugada de este jueves 9 de abril, cerca de las 2:30 horas, el pleno de San Lázaro aprobó en lo general y lo particular el “Plan B” de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Con una mayoría calificada de 343 votos a favor —provenientes de Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano (MC)— y 124 en contra del bloque opositor conformado por el PRI y el PAN, la minuta fue enviada a los congresos locales para su ratificación final y de lograrse ello, ser promulgada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La reforma constitucional, que modifica los artículos 115, 116 y 134, establece cambios profundos en la estructura de los gobiernos municipales y estatales.
Entre los puntos más destacados se encuentra la limitación de cargos públicos en los ayuntamientos, los cuales ahora podrán tener un máximo de 15 regidurías y una sola sindicatura.
Asimismo, el dictamen impone un tope estricto al financiamiento de las legislaturas estatales.
Una vez que entre en vigor —todo indica que así será puesto que el oficialismo es mayoría en los legislativos—, el presupuesto anual de los congresos locales no podrá superar el 0.70% del monto total de egresos de la entidad federativa correspondiente.
UN AJUSTE A LA “BUROCRACIA DORADA”
Mientras que en el ámbito federal, la reforma asesta un golpe a las remuneraciones de los altos mandos electorales.
Y, es que, las nuevas disposiciones prohíben que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), magistrados y titulares de áreas ejecutivas perciban un salario mayor al de la Presidenta de la República, el cual es de 134 mil 290 pesos mensuales.
Del mismo modo, se eliminan beneficios financiados con recursos públicos, tales como:
Seguros de gastos médicos mayores y de vida privados.
Cajas de ahorro especiales y seguros de separación individualizados.
Regímenes especiales de retiro que no estén previstos explícitamente por la ley.
Por otro lado, el Senado de la República experimentará un recorte progresivo en su presupuesto de 15% en términos reales durante los próximos cuatro años, iniciando a partir de este 2026.
