- Por acción u omisión, administraciones pasadas permitieron que se transfirieran armas desde estados Unidos hacia México, desestabilizando regiones y poblaciones
Daniel Enrique Azuara Carrillo, asesor gubernamental en asuntos de seguridad nacional y derecho militar
José Luis Couttolenc Soto
Xalapa, Ver.- Para analistas especializados en temas de seguridad, el trasiego de armas que se da desde los Estados Unidos hacia México constituye un tema de inseguridad fronteriza, además de desempeñar un papel importante entre los grupos del crimen organizado y delincuenciales que representan también amenazas para la seguridad nacional, aunado esto al riesgo latente que viven los mexicanos por la crisis del coronavirus Covid-19.
Invitados por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Veracruzana (UV), tres especialistas en el tema participaron el lunes 29 de junio en el Webinar “La seguridad nacional en México en la era del Covid. ¿Un nuevo paradigma para las instituciones de seguridad del país?
Daniel Enrique Azuara Carrillo, asesor gubernamental en asuntos de seguridad nacional y derecho militar, afirmó: “Por acción u omisión, en algunos sexenios se permitió que se transfirieran armas de guerra hacia México desestabilizando las regiones y poblaciones, lo que puso en vilo al país en materia de seguridad”.
El experto, quien ha sido colaborador en las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México, recordó que el tema de la seguridad nacional está delimitado en el ámbito jurídico mexicano, ya que ésta es proporcionada por el Estado a su población para que pueda desarrollarse plenamente en su potencial, y esté en aptitud de contribuir al desarrollo nacional.
Azuara Carrillo apuntó que el orden constitucional señala que hay tres ámbitos en donde la seguridad es parte de él: el federal, el estatal y el municipal.
Desde su percepción, se cuenta con un sistema de seguridad nacional que se está tratando de reconstruir desde lo político y lo jurídico; “recordemos las vulnerabilidades que se dieron a los derechos humanos desde el desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional, que se transfirió al Centro Nacional de Inteligencia con el fin de prevenir y dar viabilidad a las visiones democráticas constitucionales”.
Añadió que en 2004 se insertó la facultad constitucional de que el Congreso de la Unión pueda legislar en materia de seguridad nacional, dando origen a la Ley de Seguridad Nacional a la que calificó como “antiquísima y anacrónica, que ya no sirve para los efectos del México actual”.
Fernando Chacón Corral, asesor legislativo en el Senado de la República, habló de los estados de excepción democráticos y los autocráticos, que al tomar medidas en uno u otro presupuesto puede tener consecuencias indeseables generando molestias a la ciudadanía. “Si se toman, causan molestias; si no se toman, generan también malestar, entonces hay que tener mucha cautela y abrir consensos para enfrentar de mejor manera la pandemia”.
En el webinar sobre seguridad nacional también participó Fernando Chacón Corral, asesor legislativo en el Senado de la República
Citó a Francois Saint-Bonnet, en el sentido de que “el estado de excepción es un punto de desequilibrio entre el derecho público y el hecho político”; ejemplificó el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde el alcalde Armando Cabada Alvídrez emitió un decreto para que toda persona que permaneciera en la calle fuera escrupulosamente revisada, acción contraria al decreto federal, que constituye además una acción inconstitucional pues vulnera las garantías individuales de las personas, dado que en ello no existe un debido proceso.
Chacón Corral asentó que desde el calderonismo Ciudad Juárez vive un fascismo social que se formaliza bajo la “ley del garrote”, en donde impera la política policiaca, del “por eso fue” y “vamos a revisarlo, hay de usted si no nos hace caso”.
Hugo Ernesto Hernández Carrasco, maestro en Defensa Nacional por la Escuela de Defensa Nacional de Argentina y catedrático de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), habló de la seguridad y el equilibrio de las libertades; opinó que en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa “se vio al ciudadano como un potencial enemigo, pero un ciudadano primero tiene que ser juzgado y no ver como primera opción asesinarlo, esto tiene mucho que ver con la seguridad y la libertad”.
Se pronunció por un debate a fondo sobre el tema del federalismo y la seguridad “para saber qué pasa con nuestro federalismo en términos de seguridad, salud, derechos humanos, educación y justicia; se tienen que replantear algunas cosas a nivel federal porque lamentablemente a nivel local se han registrado casos que hacen ver que las policías municipales no deberían existir porque son cooptables por el narcotráfico, y ése es un gasto innecesario en donde la tarea de seguridad deberían asumirla la Guardia Nacional y la Policía Estatal”.
Sin embargo, reconoció que tomar medidas para incrementar el presupuesto destinado a la seguridad pública “puede implicar descobijar otros rubros como la salud y la educación, lo cual generaría consecuencias no deseadas y molestias a la ciudadanía, pero se dice también que para fortalecer la seguridad hay que gestionar desde lo local, de abajo hacia arriba, y entonces nuestro federalismo ¿sigue siendo funcional?”, concluyó.
Hugo Ernesto Hernández Carrasco, catedrático de la BUAP, fue el tercer analista participante en la conferencia en línea