- Aún no son medidas necesarias en el contexto de esta pandemia, manifestó Arturo Miguel Chipuli Castillo
- El profesor investigador del IIJ-UV, expuso que el Covid-19 conlleva a una serie de desafíos en materia de derechos humanos
- Se refirió al incremento de la violencia contra personal de salud, así como de mujeres y niñas
Arturo Miguel Chipuli Castillo, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas
Claudia Peralta Vázquez
Xalapa, Ver.- Arturo Miguel Chipuli Castillo, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Veracruzana (UV), subrayó que tanto el toque de queda como el uso de la fuerza como medidas para garantizar el confinamiento de la población y así evitar la propagación del virus que causa Covid-19, aún no son necesarias desde el punto de vista de los derechos humanos.
Durante la ponencia virtual titulada: “Los derechos humanos en tiempos de pandemia”, que el especialista ofreció el pasado miércoles 29 de abril, a invitación de la organización Gobierno y Análisis Político, A.C, con sede en León, Guanajuato, se refirió a las restricciones de libertad de tránsito y movimiento en periodos de cuarentena, confinamientos y restricciones de viaje.
Expuso que el toque de queda sólo debe aplicarse bajo ciertas evidencias científicas, proporcionales, no discriminatorias, con una duración limitada y respetuosa de los derechos humanos.
Asimismo, debe estar sujeta a revisión, evitar restricciones radicales y la garantía a diversos derechos como el acceso a los alimentos, agua y servicios médicos.
“Hay que tener cuidado cómo se dictaminarán las cuarentenas y confinamientos, ya que de lo contrario puede haber una violación de derechos humanos.”
Subrayó que, en el caso de México, algunas entidades federativas y municipios han establecido esta medida, así como multas, arrestos y trabajos comunitarios como penas a quienes violenten el confinamiento.
Informes nacionales indican que el toque de queda ha sido dictaminado en Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, Jalisco, Yucatán, Baja California, Sonora, Chihuahua, Morelos, Coahuila y Nuevo León.
“Son varios estados que han optado por estas medidas, pero también se debe aclarar que en México no hay un dictamen en el que se determine el toque de queda de manera general.
”Si pueden establecerse algunas reglas de sana distancia, pero un toque de queda de cierta manera violenta el Derecho Internacional, los Derechos Humanos, en la forma en la que ha sido implementado”, agregó.
Además, las multas, arrestos y trabajo comunitario aplicados como sanción, de alguna manera violentan la proporcionalidad y la necesidad de algunos grupos, particularmente marginados, que requieren salir para trabajar.
En el mismo contexto, el uso de la fuerza solamente es legítimo en estado de necesidad imperante. En México, se ha ejecutado en Jalisco, Sonora, Michoacán y Guerrero. Incluso, en este último se otorga un castigo físico a la persona que lo incumpla.
Por tanto, aseguró que esto representa una medida lesiva y desproporcional, pues para ejecutarse deben cumplirse ciertos requisitos de proporcionalidad y necesidad.
En este sentido, destacó que el Covid-19 conlleva a una serie de desafíos en materia de derechos humanos, los cuales pueden complicar su vigencia en el corto, mediano o largo plazo. Es así que cada entidad federativa debe organizar su propia estrategia basándose en estos derechos y las obligaciones que les son propias, ya que su cumplimiento genera responsabilidad internacional.
Chipuli Castillo, quien es miembro del Consejo Académico de Gobierno y Análisis Político, expresó que esta pandemia se presenta como una oportunidad de replantear ciertos rubros bajo la premisa de los derechos humanos.
“Advertimos que existe un conjunto de elementos que representan un impacto inmediato, mediato y a largo plazo con relación a los derechos humanos como son: riesgos para la salud, la vida y la integridad personal, sobre la democracia y poblaciones en situación de especial vulnerabilidad.”
Por tanto, el enfoque de derechos humanos servirá en el contexto actual como una guía para los actores públicos, privados, gubernamentales, empresariales y para los propios ciudadanos en la implementación de acciones, siempre y cuando se lleven a cabo bajo una vía de respeto, garantía, protección y promoción de éstos.
En cuanto a estados de emergencia y de excepción, el egresado de la Maestría en Derechos Humanos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), mencionó que tienen que ver con las estrategias de diversos países por establecerlos, con el objetivo de disminuir el número de contagios en un país.
Habló sobre la viabilidad de la vigilancia electrónica, como videocámaras, drones y tecnologías hasta cierto punto invasivas, cuyo uso debe estar justificado, razonado y delimitado a un tiempo determinado.
En cuanto a la libertad de expresión y acceso a la información, se establece que los gobiernos deben garantizar la disponibilidad y accesibilidad universal a la información sobre el virus, la cual deberá ser precisa, oportuna y actualizada.
También mencionó el hecho de garantizar atención médica a personas bajo custodia, promover políticas de visita equilibradas, de liberación temporal, anticipada o alternativas a la detención, así como cesar detenciones de migrantes.
Otro tema es la protección de los trabajadores de la salud, por lo cual se les debe dotar de material, vestuario, equipo de protección e instalaciones de salud adecuadas, capacitación en control de infecciones, así como de medidas para combatir la discriminación y la violencia.
En cuanto al derecho a la educación existen recomendaciones tales como: adoptar soluciones de alta, débil y nula tecnología para la continuidad del aprendizaje, garantizar que las herramientas protejan los derechos y la privacidad de los niños, niñas y adolescentes.
Chipuli Castillo también destacó lo relacionado con los derechos laborales; discriminación y estigma a grupos vulnerables, como el sector médico, población asiática, migrantes y defensores de los derechos humanos; y el incremento de la violencia doméstica –durante este periodo de confinamiento– en contra de niñas y mujeres.