México. 28 de octubre del 2025.-La Cámara de Diputados dio por aprobada por unanimidad la Ley General en materia de Extorsión, una propuesta impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum que busca unificar los castigos para este delito en todo el país.

Con un total de 456 votos a favor, el proyecto establece penas de 6 a 15 años de prisión, que podrían aumentar hasta 25 años, según las 34 agravantes clasificadas en tres niveles. Además, quienes sean sentenciados no podrán acceder a beneficios de libertad anticipada ni conmutación de pena; salvo si colaboran con la justicia.

La ley, a su vez, también permitirá denuncias anónimas a través del número 089 y obliga a los estados a homologar sus legislaciones. Asimismo, las autoridades penitenciarias deberán implementar medidas para bloquear las comunicaciones telefónicas dentro de los centros de reclusión.

—Durante la sesión—, legisladores de oposición y del Partido del Trabajo (PT), solicitaron elevar las penas para evitar la liberación de personas ya sentenciadas por este delito.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno, —explicó— que esta ley pone fin a las diferencias entre estados. En donde cada uno tenía su propia definición y sanción para la extorsión.

“A partir de ahora la extorsión se investigará de oficio. Ya no habrá que esperar a que una persona se atreva a denunciar para que el Ministerio Público actúe. Sabemos que muchas víctimas no denuncian por miedo, por desconfianza o porque temen a las represalias y con esta ley, el Estado toma la rectoría. Si hay indicios de extorsión se investiga, se persigue y se castiga. Por fin le pondremos un alto a las extorsiones en todas sus modalidades”, —aseguró—.

Asimismo, Moreno agregó que la norma busca justicia para todos los sectores afectados, desde comerciantes hasta inversionistas extranjeros.

Sin embargo, el priista César Domínguez advirtió que en estados como Chihuahua, Guerrero, Morelos, Nayarit y Quintana Roo las penas son más altas. Lo que podría permitir que varios delincuentes recuperen su libertad:

“En Chihuahua hay alrededor de 150 personas que van a salir en libertad por aprobar la ley como la vamos a aprobar () Si hacemos una suposición, porque las estadísticas no vienen en el dictamen, de las otras cuatro entidades federativas, estaremos hablando, más o menos de 500 personas, delincuentes de alto impacto que van a salir en libertad para delinquir en el tema de extorsión”.

Por igual, también alertó que algunas agravantes podrían prestarse a interpretaciones confusas, mencionando lo siguiente:

“Un sindicato al cerrar una calle y exigir mejores condiciones de su salario o exigir mejores condiciones en el lugar de trabajo puede ser acusado de extorsión, porque la legislación también así lo prevé en una de las agravantes que establece, es decir, la generalidad de la norma hace que no esté tan clara y va a quedarse una interpretación”, señaló.

Por su parte, el panista Damián Retes consideró que la propuesta presidencial se basó en una idea del PAN. Pero con errores que reducen las penas en algunos estados, como Baja California, donde actualmente la mínima es de siete años.

“¿Qué tienen que hacer las familias? Pagarle a la delincuencia organizada y pagarle al Gobierno ilegalmente por la extorsión que cometen. Eso se vive en el Ayuntamiento de Tijuana y se vive en muchas ciudades del país”, afirmó.

En su turno, el vicecoordinador de Movimiento Ciudadano (MC), Juan Ignacio Zavala, recordó que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reconoció que la extorsión es el único delito que ha crecido de forma constante en los últimos sexenios. De este modo, pasando de 4.6 a 6.9 casos por cada 100 mil habitantes.

Zavala destacó que la nueva ley se suma a las reformas que buscan fortalecer la seguridad e inteligencia del país para modificar la estrategia nacional.

Para concluir, la diputada Mary Carmen Bernal, del PT, adelantó que darán a conocer reservas para incluir la tentativa de extorsión y la modalidad digital entre las agravantes.