México. 23 de mayo del 2025.- Cuarenta y cinco días después de que una estructura metálica colapsara en el Parque Bicentenario durante el Festival Axe Ceremonia provocando la muerte de los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas el Gobierno de México oficializó el retiro de la concesión del predio a la empresa Operadora de Proyectos de Entretenimiento NLP, S.A. de C.V.
Aunque la declaratoria de rescate, publicada este 23 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF), no menciona por nombre el evento ni a las víctimas, sí hace referencia a un incidente ocurrido el 5 de abril de 2025 en el que la empresa incumplió su obligación de prever medidas de seguridad para los asistentes y no reportó lo sucedido a las autoridades federales.
Ese hecho se suma a una serie de argumentos jurídicos, administrativos y sociales por los cuales el Estado determinó que el espacio debía regresar al control público.
La resolución extingue de forma inmediata la concesión otorgada en 2018 y transfiere la administración del inmueble a la Secretaría de Cultura, que desarrollará allí un nuevo proyecto cultural de carácter nacional.
El documento, firmado por el presidente del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), Pablo Israel Escalona Almeraya, detalla que el rescate se justifica en que el parque es un bien de dominio público de la Federación y, como tal, debe servir prioritariamente al cumplimiento de funciones estatales en beneficio de la sociedad.
La concesión original del Parque Bicentenario había sido otorgada en marzo de 2018 por un periodo de 25 años, con una superficie inicial de 95,200 m², ampliada posteriormente a 108,366 m² en 2019.
El contrato incluía ocho secciones del predio, entre ellas áreas verdes, un auditorio, un edificio de ladrillo adaptado como museo, cafetería y explanadas. Sin embargo, el parque completo —que incluye siete ecosistemas representativos de México, un lago artificial, jardines temáticos y espacios deportivos— abarca más de medio millón de metros cuadrados.
Según el documento oficial, la empresa concesionaria no solo incumplió con la obligación de conservar el inmueble y garantizar la integridad de las personas, sino que además omitió reportar adecuadamente un incidente de gravedad ocurrido en sus instalaciones. En ese sentido, la cláusula décimo quinta del contrato, fracción VI, prevé la posibilidad de rescatar el título de concesión ante causales fundadas de interés público.
El DOF precisa que el rescate implica que todos los bienes, equipos e instalaciones directamente vinculados al uso concesionado regresan ipso facto al patrimonio del Estado.
La empresa podrá solicitar una indemnización únicamente sobre las inversiones comprobadas y depreciadas, pero no sobre el valor del predio. Asimismo, se autoriza el retiro de equipo propiedad de la empresa dentro de un plazo de 15 días.
La terminación de la concesión no extingue las obligaciones legales y contractuales adquiridas por la empresa, que deberá continuar respondiendo por cualquier incumplimiento anterior, incluyendo temas de mantenimiento, seguridad o seguros.
Agencias
